Las leyes están hechas para quienes las escriben

Hay una objeción que se le hace siempre a este análisis: "vale, el franquismo intervino mal, pero fue porque era una dictadura; en democracia las leyes las hace el Parlamento". La objeción supone que existe un legislador neutral, un árbitro sin intereses propios que redacta normas buscando el bien común y a veces se equivoca.

No existe. El que escribe la ley también vive bajo la ley, y por tanto tiene el mismo incentivo que cualquiera para escribirla de manera que a él le salga barata. No es una conspiración: es la consecuencia previsible de darle a un grupo el poder de decidir las reglas que le van a aplicar. La pregunta útil ante cualquier norma no es "¿qué pretende?", sino "¿quién queda exento, quién puede saltársela y quién decide la excepción?".

El franquismo: la ley como propiedad del que manda

El Sindicato Vertical. Afiliación obligatoria para trabajadores y empresarios, cuota obligatoria, monopolio absoluto de la representación laboral. La norma que definía quién podía representar a los trabajadores la escribieron los que iban a representarlos, y curiosamente les concedió la exclusiva y el cobro.

La Ley de Prensa de 1966. Se vendió como el fin de la censura previa, y técnicamente lo era. El artículo 1 reconocía la libertad de prensa. El artículo 2 fijaba unos límites tan vagos que servían para cualquier cosa: entre 1966 y 1975 se incoaron 1.270 expedientes, tres cuartas partes de ellos al amparo de ese artículo 2, más el secuestro administrativo de publicaciones. La ley que "concedía" la libertad de prensa fue el instrumento con el que se sancionó a la prensa durante nueve años.

Los consorcios forestales. El Patrimonio Forestal del Estado repobló montes vecinales consorciándolos por encima de sus dueños. El propietario no firmaba: la ley decidía por él qué se plantaba en su monte, y luego le cerraba el paso al ganado.

En los tres casos el patrón es idéntico: la norma reparte un beneficio concreto hacia quien la redacta y un coste difuso hacia todos los demás.

La democracia: el mismo patrón, mejor redactado

Lo interesante no es que el franquismo hiciera esto. Es que el mecanismo sobrevivió intacto al cambio de régimen, y que lo practican por igual los dos partidos que se turnan.

La amnistía fiscal de 2012 (PP). El Real Decreto-ley 12/2012 permitió aflorar dinero no declarado tributando al 10%, sin recargos ni sanciones. El Tribunal Constitucional la anuló por unanimidad el 8 de junio de 2017, por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución: un decreto-ley no puede afectar de ese modo al deber de contribuir. Pero el detalle está en el final de la sentencia: las regularizaciones ya practicadas quedaron a salvo por seguridad jurídica. La norma era inconstitucional y aun así el que se acogió a ella ganó. Declararla nula cinco años tarde no le devolvió el dinero a nadie.

La reforma exprés del artículo 135 (PSOE y PP, 2011). Reformar la Constitución para dar prioridad absoluta al pago de la deuda se tramitó en agosto, por urgencia y lectura única, en trece días. No hubo referéndum porque no era obligatorio y ninguno de los dos partidos que sumaban más del 90% de los escaños lo pidió. El procedimiento que existe para que cambiar las reglas sea difícil se puede saltar cuando los que tienen que aplicarlo son los interesados en cambiarlas.

Las condonaciones de deuda a los partidos. El Tribunal de Cuentas cifró en 25,4 millones de euros las deudas perdonadas por la banca a los partidos entre 1993 y 2002. Solo PSOE y PSC acumulan desde 2004 acuerdos de condonación por más de 40 millones. La práctica no se prohibió hasta 2015, después de más de dos décadas documentadas en las que los legisladores fueron los beneficiarios directos del vacío legal que sólo ellos podían cerrar.

Los aforamientos. España tiene, según datos del CGPJ, en torno a 250.000 aforados. Francia tiene 19. Italia, uno. Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, ninguno. Ningún dato ilustra mejor la tesis: la única categoría de privilegio procesal que ha crecido sin parar en democracia es precisamente la que se aplica a quienes redactan las normas.

Las puertas giratorias. De los siete presidentes del Gobierno desde 1975, tres acabaron cobrando de compañías eléctricas: Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar. Más de veinte ministros de PP y PSOE, y decenas de secretarios de Estado, pasaron de diseñar la regulación del mercado eléctrico a cobrar de las empresas reguladas. No hace falta suponer mala fe para ver el problema: si el sector al que regulas es tu empleador probable dentro de cinco años, la regulación se escribe distinta.

Por qué esto importa más que la ideología

Esto explica por qué el intervencionismo no retrocede nunca por sí solo. Una regulación no se evalúa por sus resultados, sino por lo que le renta a quien la mantiene. Toda competencia que un político se atribuye es una competencia que puede vender, repartir o cobrar, y por eso ningún gobierno, de ningún color, devuelve voluntariamente una.

La conclusión práctica no es cinismo, sino un criterio: cuanto menos pueda decidir discrecionalmente el que escribe la ley, menos rentable le resulta escribirla para sí mismo. No se trata de encontrar legisladores mejores. Se trata de que haya menos que repartir.