Cinco millones de dueños y ningún responsable

A 22 de julio de 2026 llevamos cerca de 120.000 hectáreas quemadas, el triple que a estas alturas del año pasado. Y como cada verano, volvemos al mismo debate, siempre con los mismos tres bandos: los que dicen que es el calentamiento global cambio climático, los que dicen que son los pirómanos y los que dicen que faltan medios.

Los tres bandos tienen parte de razón, que es lo peor que le puede pasar a un debate. En 2025 hubo 45 grados, humedad por debajo del 30% y rachas de 125 km/h, y eso no lo arregla ninguna reforma administrativa. Pero un incendio necesita tres cosas y sólo una la pone el clima. Las otras dos las podemos controlar sin pedirle lluvia al chamán ni ponerle impuestos "ecológicos" a las pajitas: cuánto combustible hay en el monte y cómo está repartido. Y eso lo hemos ido decidiendo nosotros durante cuarenta años.

El monte español ya está privatizado

Esto descoloca hasta a quien lleva años pidiendo que se privatice el monte: ya lo está. Alrededor del 72% de la superficie forestal española es privada. La inmensa mayoría de lo que arde tiene dueño.

El problema es qué clase de dueño. Esa superficie está repartida en más de 21,5 millones de parcelas entre unos 5,2 millones de propietarios. En Galicia, dos tercios de los montes familiares no llegan a 2 hectáreas y se subdividen en fincas de menos de un cuarto de hectárea.

Con 2.400 metros cuadrados de matorral en una ladera no amortizas maquinaria, ni contratas a nadie, ni tienes volumen para negociar un precio. Y el plan de ordenación que te exigen cuesta más de lo que esa finca va a producir en toda su vida, por lo que casi nadie lo tiene.

Y ni siquiera sabemos de quién es todo. En Galicia el Catastro tiene mal identificada la propiedad de un 30% de la tierra rústica, con más de 320.000 parcelas sin dueño conocido y 300.000 titulares sin NIF, inscritos a nombre de gente que murió antes de que el NIF existiera. Es difícil exigirle responsabilidad a un señor que lleva cuarenta años muerto.

Portugal, o por qué privatizar es sólo la mitad

Es que además, aunque privatizar sea necesario, no es suficiente. Si bastara con que el monte fuera privado, Portugal sería el país que menos arde de Europa: tiene el 92% de su superficie forestal en manos privadas.

Puesto en proporción, Portugal arde cuatro veces más que España y cientos de veces más que Suecia, siendo el que más propiedad privada tiene de los tres. Liberalizó la plantación en los ochenta y noventa, se llenó de eucalipto (que arde como la gasolina) pero no tocó ni la estructura de la propiedad ni la responsabilidad por los daños. En Pedrógão Grande, donde murieron 66 personas en 2017, más de la mitad del territorio era eucalipto y pino marítimo sobre microparcela abandonada.

Es decir: privatizar hace falta, pero no basta. Falta que esa propiedad sea operable y que alguien responda por lo que sale de ella.

El dueño que no puede decidir

Y encima está la capa administrativa: para cortar en tu propio monte necesitas autorización o declaración responsable, y el calendario, la especie y el método los decide otro. Cuando el Estado decide qué cortas, cuándo y cómo, eres más un custodio que un propietario. Y un custodio no invierte a treinta años. Es el problema del cálculo económico de siempre: quien decide no es quien tiene la información ni quien paga el error.

Somos la tercera superficie forestal de Europa y la octava en aprovechamiento de la madera: nuestra masa crece al 2,19% anual frente al 0,51% europeo y apenas la tocamos. Eso lo vendemos como conservacionismo, pero es un almacén de combustible que se llena solo mientras el pueblo de al lado se vacía.

Replanta lo que tales. Esa es la norma sueca desde 1903.

Y ya está: si quieres hacer dinero limpiando tu parcela, lo haces, sólo asegúrate de replantar. Suecia tiene bastante más bosque que nosotros, no tiene nada parecido a nuestros planes de ordenación y arde muchísimo menos.

Si no te gusta Suecia, comparemos España con España

Se puede objetar que Suecia tiene un clima que no mata, y es verdad. Comparemos entonces España con España.

No es que antes no hubiera sequías ni levante. Es que no había nada que quemar. El monte español de 1950 estaba esquilmado: se le sacaba leña, broza, carbón vegetal, resina y pasto hasta dejarlo pelado, porque de eso comía media España. Un monte exprimido no arde. El carboneo se apaga entre 1961 y 1967, la trashumancia se hunde, tres millones de personas se van a la ciudad en una sola década, y el monte se queda solo y creciendo.

Conviene no romantizar aquello. Si había tanta gente viviendo de tan poca tierra era, en buena parte, porque irse estaba prohibido: hasta 1948 emigrar de una provincia a otra exigía un informe político-social favorable de la Dirección General de Seguridad, y hasta 1942 hacía falta permiso incluso para mudarse de municipio dentro de la misma provincia. El monte de los cuarenta no ardía porque hubiera un equilibrio, sino porque había miseria y manos de sobra.

Y esto no es una teoría mía: está en el BOE. La exposición de motivos de la Ley 81/1968 sobre Incendios Forestales señala como causas "el descenso experimentado en el consumo de algunos productos forestales, como las leñas y brozas" y "el proceso general de despoblación de las zonas rurales". En 1968 el Estado ya sabía exactamente por qué iba a empezar a arder España.

Acertaron el diagnóstico en 1968 y llevamos cincuenta y ocho años aplicando la política contraria.

Porque una cosa es para qué se escribe una ley y otra qué produce. Con ese diagnóstico sobre la mesa, en vez de devolverle al monte los usos que lo mantenían limpio, se montó el aparato de apagarlo —ICONA, 1971— y se siguió plantando. El Patrimonio Forestal del Estado repobló más de 3,5 millones de hectáreas, sobre todo de pino y eucalipto; en Badajoz, las 15.028 hectáreas plantadas entre 1971 y 1977 fueron casi sólo de eucalipto, eliminando a máquina el matorral y el arbolado que había. Y en Galicia se hizo consorciando montes vecinales por encima de sus dueños y cerrando al ganado lo repoblado: la misma ingeniería social en el campo que ya se había ensayado con el Instituto Nacional de Colonización. Plantar la especie que mejor arde y apartar al que se comía la hierba es, literalmente, montar un polvorín. En Guláns, en 1974, los vecinos arrancaron a mano los eucaliptos que les habían plantado encima.

Y ahora sí, volvamos a Suecia. Porque el campo sueco también se vació: su población agraria pasó del 53% en 1900 al 39% en 1930, y su norte rural lleva despoblándose desde entonces. La diferencia es lo que pasó después. Suecia sustituyó las manos por máquinas —motosierras primero, cosechadoras y autocargadores desde los sesenta— y a lo largo del siglo dobló su corta anual. Nosotros perdimos las manos y no pusimos nada en su lugar.

Suecia perdió la gente y conservó el bosque. España perdió las dos cosas.

Que la gente no se vaya del pueblo es una batalla perdida en toda Europa, y además no es la que hay que dar: un monte se gestiona perfectamente con poca gente y buena maquinaria. Lo que no se puede es gestionarlo con poca gente y sin maquinaria amortizable, sin parcela agrupada, sin comprador para la biomasa y sin ganado. No hace falta repoblar el campo de personas; hace falta que a alguien le salga a cuenta entrar en él. Y sí, nuestro monte está más troceado, es más montañoso y sus especies valen menos que el pino nórdico: pero eso es una razón para ponérselo más fácil al que quiera trabajarlo, no más difícil.

Lo que no se arregla con más aviones

Cada verano el debate se convierte en una subasta de medios. Y hacen falta, no voy a decir que no. Pero apagar es la última línea de defensa, y en 2025 el acumulado pasó de 47.000 a 367.000 hectáreas en dos semanas de agosto: no hay flota aérea en el mundo que gane esa partida. Con 45 grados y viento de 125 km/h ya no se decide nada. Lo único que estaba en tu mano era cuánta leña seca había esperando, y eso se decide en febrero.

Encima, prevenir es más barato. Y no es una estimación de laboratorio: basta comparar las tarifas que paga la extinción con lo que cuesta un desbroce en el convenio de la Xunta o en las ayudas de La Rioja.

Y aun así el dinero va donde no toca. El gasto en extinción lleva años estable en torno a 417 millones anuales, mientras el de prevención se dejó por el camino la mitad y se quedó en 143,8 millones en 2024. Tiene su lógica, sólo que no es económica. Un hidroavión soltando agua en el telediario es un gobierno actuando. Un cortafuegos abierto en febrero no sale en ningún sitio, y si funciona no pasa absolutamente nada, que es justo el problema: la prevención sólo se nota cuando falla.

Así que el político acaba teniendo el mismo incentivo que el propietario de media hectárea de matorral. A los dos les sale gratis no hacer nada.

Diferentes tipos de pirómanos

Se repite que la mayoría de incendios los provoca el hombre y es verdad: más del 80% tuvo origen humano, y algo más de la mitad fue directamente intencionado. Donde el discurso se cae es en la palabra "intencionado", porque la gente entiende pirómano y los datos dicen otra cosa.

Dos tercios de los intencionados con motivo conocido son gente haciendo gestión del territorio con la herramienta más peligrosa que existe. El fuego es el único desbroce que no requiere permiso, ni proyecto de ingeniero, ni maquinaria, ni comprador para la biomasa. Es gratis y es inmediato.

Con el pasto la jugada fue más fina. Si oyes a los pastores quejarse de que ya no les dejan, no se lo están inventando, digan lo que digan Newtral y Maldita. No se ha "prohibido pastorear", cierto, pero Bruselas multó a España con 262,88 millones por haber declarado pastos arbustivos y monte bajo como superficie elegible, y España respondió recalculando en 2015 el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos para dejar fuera esas superficies, que son más del 75% de nuestra superficie forestal. Al que llevaba generaciones metiendo el rebaño en el monte no le quitaron el permiso, le quitaron el cobro.

Cerramos 1.550 explotaciones extensivas al año.

Hemos encarecido todas las formas legales de limpiar un monte y hemos dejado la ilegal a coste cero. Después nos sorprende cuál elige la gente.

Falta el tercer pirómano, el de las sobremesas: el que quema para recalificar. La EGIF cuenta esa motivación desde 1968, y en toda la serie hasta 2021 salen 741 incendios y 3.086 hectáreas, frente a las 498.989 hectáreas de las quemas ganaderas. Aunque cuidado con rematar la faena ahí, porque en esa misma serie el 57,7% de los intencionados tiene motivación desconocida: eso mide lo que se demuestra, no lo que ocurre, y el incentivo existe igual.

Nadie quema una hectárea que puede aprovechar.

Y ahí está la salida: Si puedes entrar en tu monte, limpiarlo, sacarle madera y meter ganado sin pedir doce mil permisos, el fuego deja de interesarte. El fuego es lo que queda cuando todo lo demás está cerrado, y eso vale igual para el que quema por pasto que para el que quemaría por recalificar.

La solución en 7 pasos(el orden importa)

No puedes empezar por la responsabilidad civil. Si mañana haces responsable de los daños a 5,2 millones de propietarios de media hectárea a los que sigues exigiendo permiso para tocar su propia parcela, lo que has montado es una expropiación por vía judicial. El orden es este:

1. Saber de quién es cada metro. Catastro y registro completos y obligatorios.
2. Que la parcela sea operable. Desregular y dar incentivos para que los propietarios de parcelas pequeñas puedan gestionarse en conjunto. Pero esto necesita incentivos, Galicia ya lo intentó con las Sociedades de Fomento Forestal en 2012: el objetivo eran 100.000 hectáreas agrupadas en diez años y se quedó en 1.389. Voluntario y sin incentivo no basta, porque aportar tu finca te cuesta impuestos y si te quedas quieto no pagas nada.
3. Que se pueda monetizar el paquete completo. Sólo madera no es rentable, y aún menos con pino mediterráneo o matorral. Madera más biomasa más pasto para ganado extensivo o caza/turismo sí. Si ahogamos el pastoreo quitamos la desbrozadora más barata que existe.
4. Responsabilidad de la parcela de origen. Si el fuego sale de tu monte porque llevaba quince años convertido en un polvorín, respondes de los daños. Ahora mismo no responde nadie: paga la UME, pagan los presupuestos autonómicos, o sea, lo pagas tú. La mayor parte del monte privado español ni siquiera está asegurada.
5. Y por tanto, seguro obligatorio. Para mí es la pieza que más cambia las cosas y no depende de ningún funcioanrio. Una aseguradora que responde de los daños tiene que ir a mirar tu parcela y ponerle precio cada año: carga de combustible, accesos, cortafuegos, si has desbrozado o no. La prima acaba siendo un termómetro anual de lo mal gestionado que está tu monte, y baja en cuanto lo arreglas. Cuarenta años de subvenciones no han conseguido eso.
6. Cerrar del todo la recalificación del suelo quemado. La Ley de Montes ya prohíbe cambiar el uso forestal durante 30 años tras un incendio, pero la reforma de 2015 dejó una puerta trasera: las comunidades pueden saltárselo alegando "razones imperiosas de interés público de primer orden" aprobadas por ley. Y no es teórica. En Villavieja del Cerro (Valladolid) se levantó una pista de esquí seco sobre monte quemado en 1999; cuando Ecologistas en Acción consiguió parar las obras, las Cortes de Castilla y León aprobaron una ley a medida para legalizarlo. El Constitucional la anuló y obligó a desmontar 140 metros de pista. Nueve meses después, la reforma estatal metía en la ley justo la excepción que el Constitucional acababa de tumbar. Como siempre, las leyes están hechas para quienes las escriben.
7. Penas de prisión serias para el incendio intencionado. Esto no sustituye a nada de lo anterior, es el suelo mínimo. Prender fuego a un monte en agosto en España es un delito con riesgo real de matar gente, y debería castigarse como tal y perseguirse con medios de investigación de verdad. Una condena que llega tarde, blanda y en una fracción mínima de los casos no disuade a nadie.

Los dos últimos puntos son los populares, los que salen en campaña. Pero no funcionan solos. No sirve de nada castigar el fuego sin dar alternativa legal/rentable para limpiar tu monte.

El monte no necesita más regulación. Necesita que se pueda ganar dinero por limpiarlo, y que al responsable le cueste dinero o cárcel que arda.